“Encuentro del Grupo de Memoria Historica con investigadores de Uganda y Canada,” Memoria Historica, mid-November 2010

http://memoriahistorica-cnrr.org.co/s-noticias/articulo-56/

 Por: Laura Natalia Cruz Cañón, pasante del área de divulgación e impacto público-MH

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El pasado 27 de octubre, el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (MH) recibió en sus instalaciones a dos investigadores del Proyecto de Justicia y Reconciliación (JRP) de Uganda y a la profesora Erin Baines de la Universidad de Columbia Británica de Canadá, quienes adelantan la fase colombiana del proyecto de investigación e intercambio “Contra las atrocidades masivas, estrategias comunitarias de documentación”, liderada por la profesora Baines y Pilar Riaño, investigadora de MH y relatora del informe Bahía Portete: Mujeres Wayuu en la mira. 

El proyecto en mención surgió de la necesidad de comprender las condiciones bajo las cuales organizaciones comunitarias de base recogen evidencia sobre abusos de derechos humanos y las memorias de las víctimas en contextos de conflicto. Las iniciativas comunitarias de este tipo son muy poco conocidas y estudiadas, por lo que el objetivo principal del proyecto es entender, desde una perspectiva comparativa entre el caso ugandés y el colombiano, cuando y por qué las comunidades adoptan estrategias específicas para documentar y recordar.

Como parte de este intercambio, los gestores locales de memoria Leyner y Delis Palacios, que apoyaron el proceso de investigación para la elaboración del informe Bojayá: la guerra sin límites, visitaron la ciudad Ugandesa de Gulu en julio del presente año.

A su vez, los investigadores, Boniface Ojok y Ketty Anyeko, del JRP de Uganda, un grupo formado en 2005 por la ONG Forum, del distrito de Gulu, y el instituto Liu de Asuntos Globales de la Universidad de Columbia Británica, visitaron Colombia entre el 21 y el 30 de octubre de 2010. La razón de ser de JRP, es analizar cómo los mecanismos de justicia transicional pueden ser implementados efectivamente en procesos locales por medio de la creación de una sociedad civil informada e involucrada. Los procesos de justicia transicional que son dirigidos por las comunidades se consideran elementos críticos para la justicia y la reconciliación después de la guerra. JRP brinda ayuda en estos procesos a través de tres áreas: documentación del conflicto con relación a las experiencias y memorias de los individuos; movilización de la comunidad a través de procesos de documentación participativos; e investigación y promoción.

Ojok y Anyeko conocieron junto con la profesora Baines el contexto en el que se enmarca el trabajo de MH, así como las metodologías emplea para la realización de los informes sobre casos emblemáticos. Asimismo, realizaron un intercambio con grupos y organizaciones que trabajan a nivel local en la documentación de la memoria histórica del conflicto colombiano. Ellos le contaron al equipo de GMH sobre el proceso de violencia que ha vivido Uganda y el trabajo que adelantan con algunas comunidades del norte de este país africano.

El conflicto en Uganda azotó principalmente el norte del país durante cerca de 24 años. Inició con la conformación del Ejército de Resistencia del Señor (LRA, por sus siglas en inglés), un grupo de rebeldes liderado por Joseph Kony quienes combatieron contra el gobierno ugandés. En palabras de Boniface Ojok director de JRP, una de las características de este conflicto es el rapto de niños entre 7 y 12 años, a los cuales entrenaban para el combate. Algunos fueron obligados a matar a otros menores e incluso a miembros de su propia familia si querían seguir con vida. Los milicianos del LRA también raptaban niñas a las cuales esclavizaban sexualmente, las obligaban casarse y a tener hijos con hombres mayores que ellas. Aunque en el 2004 se decretó el cese al fuego, el JRP considera que la presencia del Ejército de Resistencia del Señor (LRA, por sus siglas en inglés) continúa con las hostilidades en países vecinos como Sudán y la República democrática del Congo.

Si bien el Estado ugandés creó los “campamentos para desplazados internos”, en los cuales se refugiaron miles de familias durante el conflicto, esta medida no resolvió el problema de los raptos de menores. Ejemplo de ello son los “caminantes nocturnos”, niños que en la noche recorrían más de 20 kilómetros para llegar al centro de las principales ciudades para protegerse de los raptos del LRA. Según el director de JRP este hecho también constituye un acto de resistencia frente a las hostilidades.

Ojok fue enfático en afirmar que la complejidad de este conflicto estriba en la doble condición de los niños y niñas combatientes, pues no puede establecerse con claridad si son víctimas o victimarios porque han cometido crímenes atroces, pero al mismo tiempo han sido raptados de sus hogares, sometidos a múltiples vejaciones y obligados a combatir. Ante ese dilema, el investigador planteó la pregunta sobre a quien debe considerarse victimario en el conflicto del norte de Uganda, sobre todo cuando hay pruebas de la participación del Estado en violaciones a los Derechos Humanos; a lo que extendió la pregunta sobre qué clase de justicia es necesaria en este caso. Esta es una pregunta que Uganda aún no ha respondido: ¿qué hacer con los victimarios que tienen que rendir cuentas sobre sus actos si no existe claridad para catalogar a los actores del conflicto como víctimas o perpetradores?

El debate no toma lugar únicamente en Uganda; las violaciones cometidas en este conflicto fueron presentadas ante la Corte Penal Internacional y sobre ellos también recae la pregunta por los victimarios. Solucionar este dilema, afirma Ojok, permitirá sanar heridas e iniciar procesos de justicia y verdad que ayuden a reconstruir la sociedad. Precisamente, JRP intenta comprender cómo la justicia transicional puede operar en estos contextos, pero además, cómo puede conectarse este tipo de justicia con la justicia tradicional de la región. En el norte de Uganda muchos líderes tradicionales han pedido la amnistía para sus niños y niñas, pero las organizaciones internacionales de derechos humanos creen inviable esta medida por la magnitud de las violaciones a los derechos humanos. El objetivo detrás de la amnistía es motivar a los niños y niñas combatientes para que depongan las armas y puedan regresar a sus comunidades. Para Ojok, las iniciativas locales de justicia son muy importantes para promover la reconciliación por lo cual deben ser tenidas en cuenta. El director de JRP, concluye que la justicia ha fallado pues es necesario darle un tratamiento particular a estas personas para que puedan reintegrarse a su comunidad.

El JRP también ha constituido una línea de “historias de vida y mujeres” liderada por Ketty Anyeko, quien también compartió sus experiencias con MH. Para Anyeko el caso de Uganda presenta una problemática de género muy grave: además de raptar niñas y obligarlas a combatir, a casarse y tener hijos, las violaciones y la desnudez forzada fueron prácticas habituales del LRA. Las mujeres que han logrado sobrevivir al conflicto, y que han intentado regresar a sus comunidades, por lo general lo hacen con los hijos que nacieron durante su permanencia en las filas del LRA. Las comunidades del norte de Uganda tienen una cultura patrilineal, es decir vía el padre de los hijos,  y al retornar muchas mujeres desconocen la línea tribal y naturalmente la comunidad a la que pertenecen sus hijos. El acceso a la tierra también se adquiere por herencia patrilienal, por lo cual las mujeres a que retornan se ven obligadas a vivir a las afueras de las ciudades. Sus hijos, además de no tener acceso a la tierra, deben soportar el estigma que las comunidades les imponen por ser hijos del “enemigo”.

Anyeko y Ojok coinciden en que el conflicto en el norte de Uganda aún está por contarse y ha sido muy difícil documentar su magnitud e impacto porque el miedo y el silencio persisten. Por ello, el trabajo con la comunidad y especialmente con las mujeres ha sido fundamental para reconstruir la historia y fortalecer sus capacidades. El acceso a algunas metodologías empleadas por GMH, que fueron presentadas al JRP por Pilar Riaño en diferentes seminarios de capacitación, ha permitido que las mujeres víctimas del conflicto en el norte de Uganda puedan contar con mayor libertad lo que sucedió.

A través  de herramientas metodológicas como los mapas de lugar, los mapas del cuerpo o las líneas de tiempo las mujeres han descrito experiencias traumáticas nunca antes verbalizadas, tales como las violaciones de las que fueron víctimas.  La profesora Baines cuenta cómo gracias a la elaboración de mapas de lugar, fue posible reconstruir la vida en cautiverio, la organización del campamento, el modo de entrenamiento de las tropas e incluso la estructura jerárquica con la que funcionaba del ejército del LRA.

Para Anyeko, las metodologías de GMH han sido muy útiles para su investigación y han ayudado a que algunas mujeres se animen a escribir libros y memorias sobre su vida, aunque muchas también se han reencontrado con un pasado que preferirían olvidar.    

Durante su tiempo en Colombia, este equipo de investigación recorrió las poblaciones del río Atrato entre ellas Bellavista y Bojayá; también visitaron la capital del departamento de Chocó, donde tuvieron oportunidad de conversar con diferentes comunidades afrodescendientes.

El intercambio de experiencias entre Uganda y Colombia, incluyó diálogos y discusiones sobre las estrategias de documentación por parte de organizaciones comunitarias como Cocomacia, ADOM o COVIJUPA en Chocó, el grupo Rwot Lakica (grupo de mujeres que fueron raptadas) en Gulu Uganda, o centros de investigación como el CINEP y el Grupo de Memoria Histórica en Bogotá; y visitas a las comunidades de Pogue y Bellavista, y la organización de sobrevivientes de la masacre de Atiak y Lukodi en Uganda.